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Opinión - El Nuevo Día
- A REPARAR EL DAÑO A LA DEMOCRACIA - 4/12/2013
12 de abril de 2013
A REPARAR EL DAÑO A LA DEMOCRACIA
Los 110 cargos criminales radicados ayer por el Departamento de Justicia contra una treintena de funcionarios municipales y estatales –la mayoría, agentes de la ley y el orden público– es un paso en la dirección correcta hacia la reparación de un serio agravio a nuestra democracia. Pero debe verse sólo como el comienzo en ese camino.
El proceso de acusaciones iniciales anunciado por el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, contra los supuestos autores materiales del esquema de corrupción política que se escenificó desde la alta cúpula de la sede del gobierno de Guaynabo durante la primaria del Partido Nuevo Progresista en el distrito 6 de Guaynabo-Cataño-Bayamón, tiene que concluir con una imposición severa de responsabilidad criminal a todos los protagonistas de tan burdo escarnio público. A todos.
A muchos sectores les resulta difícil pensar que los más altos oficiales de la Policía municipal hayan actuado en un operativo de tanta magnitud durante un considerable espacio de tiempo para elaborar y poner en funcionamiento un complicado esquema de mudanzas fatulas y declaraciones falsas ante los organismos electorales, sin que su jefe inmediato, el alcalde Héctor O’Neill, fuera informado o no se hubiera enterado.
Abona a ese difícil pensamiento la alegada participación activa en el esquema, que se fraguó a lo largo de varias semanas, de Karen Santiago, la secretaria especial del alcalde O’Neill, y una reconocida activista en sus campañas electorales.
Tratándose de una burda estrategia ilegal -denunciada en su oportunidad como parte de un intenso trabajo de periodismo investigativo de El Nuevo Día-, y, según denuncias, montada sobre un andamiaje de conspiración a los más altos niveles del engranaje municipal para descarrilar la candidatura a la reelección del representante Ángel Pérez, a muchos observadores les ha provocado incredulidad el hecho de que los perpetradores no le hubieran comunicado a su jefe administrativo y político “la buena nueva” de su exitosa operación ilegal.
Principales autores físicos del acto conspiratorio acusados –en lo que el propio secretario de Justicia dijo que se trata de la “primera etapa” de acusaciones- figuran el recién ascendido a comisionado de la Policía municipal, Wilfredo Martínez Hernández, entonces segundo al mando de ese cuerpo de seguridad; los tenientes municipales Brenda Rodríguez e Ingrid Echevarría, así como el principal escolta del alcalde, Ricardo Marrero Santos.
Otros siete policías municipales, más tres oficiales policiales estatales –un capitán, un teniente y un capitán retirado–, también fueron implicados y acusados en el esquema conspirativo a través del cual se cometieron serios delitos como apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica, archivo de documentos falsos y perjurio.
Por lo que ha desfilado ante la opinión pública, parte de lo cual sirvió para la radicación de los cargos a 29 oficiales policiacos y empleados municipales en lo que se describió oficialmente como “la primera ronda” de acusaciones, se trató de un esquema muy bien pensado y articulado, cuyo principal beneficiario sería, más que el actual representante Soto, el propio alcalde y presidente del Partido Nuevo Progresista en la ciudad de Guaynabo.
Lo que ocurrió durante el proceso primarista en Guaynabo en el periodo previo a la elección general de noviembre constituyó lo que puede considerarse “un incruento golpe de estado contra la democracia” que no debe repetirse.
De ahí que haga bien el secretario de Justicia en proseguir ahondando en la investigación cuyos primeros resultados se divulgaron ayer.
A muchos sectores les resulta difícil pensar que los más altos oficiales de la Policía municipal hayan actuado en un operativo de tanta magnitud durante un considerable espacio de tiempo para elaborar y poner en funcionamiento un complicado esquema de mudanzas fatulas y declaraciones falsas ante los organismos electorales, sin que su jefe inmediato, el alcalde Héctor O’Neill, fuera informado o no se hubiera enterado.
Abona a ese difícil pensamiento la alegada participación activa en el esquema, que se fraguó a lo largo de varias semanas, de Karen Santiago, la secretaria especial del alcalde O’Neill, y una reconocida activista en sus campañas electorales.
Tratándose de una burda estrategia ilegal -denunciada en su oportunidad como parte de un intenso trabajo de periodismo investigativo de El Nuevo Día-, y, según denuncias, montada sobre un andamiaje de conspiración a los más altos niveles del engranaje municipal para descarrilar la candidatura a la reelección del representante Ángel Pérez, a muchos observadores les ha provocado incredulidad el hecho de que los perpetradores no le hubieran comunicado a su jefe administrativo y político “la buena nueva” de su exitosa operación ilegal.
Principales autores físicos del acto conspiratorio acusados –en lo que el propio secretario de Justicia dijo que se trata de la “primera etapa” de acusaciones- figuran el recién ascendido a comisionado de la Policía municipal, Wilfredo Martínez Hernández, entonces segundo al mando de ese cuerpo de seguridad; los tenientes municipales Brenda Rodríguez e Ingrid Echevarría, así como el principal escolta del alcalde, Ricardo Marrero Santos.
Otros siete policías municipales, más tres oficiales policiales estatales –un capitán, un teniente y un capitán retirado–, también fueron implicados y acusados en el esquema conspirativo a través del cual se cometieron serios delitos como apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica, archivo de documentos falsos y perjurio.
Por lo que ha desfilado ante la opinión pública, parte de lo cual sirvió para la radicación de los cargos a 29 oficiales policiacos y empleados municipales en lo que se describió oficialmente como “la primera ronda” de acusaciones, se trató de un esquema muy bien pensado y articulado, cuyo principal beneficiario sería, más que el actual representante Soto, el propio alcalde y presidente del Partido Nuevo Progresista en la ciudad de Guaynabo.
Lo que ocurrió durante el proceso primarista en Guaynabo en el periodo previo a la elección general de noviembre constituyó lo que puede considerarse “un incruento golpe de estado contra la democracia” que no debe repetirse.
De ahí que haga bien el secretario de Justicia en proseguir ahondando en la investigación cuyos primeros resultados se divulgaron ayer.
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Puerto Rico Status Vote Proposed By White House
Huffington Post Calling for another vote indicates the Obama administration has rejected the argument that Puerto Ricans voted to become the 51st state in a two-part referendum held in November. But the proposal also recognizes that a majority of Puerto Ricans aren't ... US seeks to fund new plebiscite to determine future of Puerto Rico's political ...Fox News US Seeks to Fund New Puerto Rico Status PlebisciteABC News Obama proposes new plebiscite on status for Puerto RicoVOXXI all 4 news articles » |
Puerto Rico Status Vote Proposed By White House
The Huffington Post | By Roque Planas Posted: 04/10/2013 7:39 pm EDT | Updated: 04/11/2013 2:15 pm EDT
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Puerto Rico may be getting another status vote.
The White House budget submitted to Congress Wednesday includes a $2.5 million appropriation for Puerto Rico to hold another plebiscite on its relationship to the United States.
Calling for another vote indicates the Obama administration has rejected the argument that Puerto Ricans voted to become the 51st state in a two-part referendum held in November. But the proposal also recognizes that a majority of Puerto Ricans aren’t happy with their current commonwealth status.
Puerto Rico’s lone, non-voting Congressman, Representative Pedro Pierlusi, a statehood supporter, applauded the proposal:
Today is an historic day for all of us who have been fighting for equality and justice for Puerto Rico. The White House has recognized that, on November 6, 2012, a majority of the U.S. citizens of Puerto Rico withdrew their consent to the current territory status, which deprives them of the most fundamental democratic rights.
A two-part referendum on Puerto Rico’s status in November left many wondering whether the island had voted to become a U.S. state.
The first question asked whether voters wanted to keep the island’s current U.S. commonwealth status. A majority of voters -- 52 percent -- said they were dissatisfied with the current relationship.
Then the referendum asked if voters wanted to become a U.S. state, an independent country, or a freely associated state -- a type of independence in close alliance with the United States. About 61 percent of those who answered the second question chose statehood.
But that 61 percent wasn’t a majority. More than 470,000 voters intentionally left the second question blank, leaving statehood with only about 45 percent of the total votes cast.
The White House had previously sent contradictory messages about the referendum. Luis Miranda, the White House’s Hispanic Affairs spokesman told Puerto Rican daily El Nuevo Día in December that the referendum amounted to a mandate for statehood, just hours after White House Press Secretary Jay Carney said the vote result was unclear.
Here’s the full statement on the proposed Puerto Rico status vote from the White House budget, via Pierlusi:
$2,500,000 for objective, nonpartisan voter education about, and a plebiscite on, options that would resolve Puerto Rico's future political status, which shall be provided to the State Elections Commission of Puerto Rico: Provided, That funds provided for the plebiscite under the previous proviso shall not be obligated until 45 days after the Attorney General notifies the Committees on Appropriations that he approves of an expenditure plan from the Commission for voter education and plebiscite administration, including approval of the plebiscite ballot; Provided further, That the notification shall include a finding that the voter education materials, plebiscite ballot, and related materials are not incompatible with the Constitution and laws and policies of the United States.
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