19 de junio de 2013
En un país donde la mayoría de los ciudadanos se opone a la aplicación de la pena de muerte, no hay causa alguna que valide el que un hombre que supuestamente asesinó a su pareja y al hijo de ésta haya sido linchado por personas de una comunidad que decidieron tomar la justicia en sus manos.
No es inusual que comunidades azotadas por el crimen y la violencia como las que vemos a diario en las calles de nuestro país, aduzcan desesperación y falta de fe en el sistema judicial para justificar lo que ellos consideran “justicia”, en total menosprecio a la ley.
Pero la realidad es que lo ocurrido en el residencial Pedro Rosario Nieves de Fajardo el pasado fin de semana no fue un acto justiciero de una comunidad, sino un abominable episodio de venganza y menosprecio a la vida de un ser humano, y a nuestro sistema de ley y orden que, aun con sus defectos, es un pilar de nuestra democracia y sin el cual imperaría la anarquía.
¿Podemos imaginar qué país tendríamos si cada quien decidiera imponer su propia interpretación de las leyes, obrando bajo la máxima de ojo por ojo y diente por diente, y cada cual actuara en forma ilegal? Aquellos que infligen daño físico a delincuentes, ya sea porque la Policía no los capturó a tiempo o no fueron convictos en corte, o porque el castigo no los satisfizo, desestabilizan el orden social y escogen un derrotero inaceptable.
Los actos de supuesta justicia popular o de ciudadanos privados “vigilantes”, tienen que verse como lo que son: corrosivos y peligrosos incidentes criminales. Se trata de acciones violentas que se responden con más violencia, en episodios donde se vulnera el derecho universal de la presunción de inocencia, que garantiza nuestro ordenamiento jurídico.
Como pueblo tenemos que condenar con todas nuestras fuerzas humanas el asesinato de Janet Quiñones Torres y su hijo Gabriel Molina Quiñones a manos de Miguel Asencio Ayala. Pero, con la misma fuerza tenemos que condenar la muerte por linchamiento de Asencio Ayala y también el fallecimiento en una secuencia de acontecimientos encadenados en un accidente de tránsito de Edward Jadiel Caraballo Alvira y Albert Parrilla Rosario, dos adolescentes de Río Grande que nada tenían que ver con los trágicos sucesos iniciales. En ese aspecto, debemos apoyar a las autoridades en sus esfuerzos para lograr que el asesinato y el accidente se esclarezcan y que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley.
Los responsables de este vil acto tienen que tomar conciencia de que al linchar a Asencio Ayala, actuaron de forma idéntica que el presunto asesino, convirtiéndose en seres igualmente execrables. La Policía por su parte, tiene que actuar con rapidez para hallar a los actores de este linchamiento para enviar con ello un contundente mensaje de que este tipo de acción criminal de individuos que actúan al margen de la ley, no tiene cabida en nuestra sociedad.
Nuestro sistema judicial tiene también una enorme responsabilidad en aplacar las actuaciones de esos supuestos elementos “justicieros”, corrigiendo las deficiencias del sistema que han aflorado en tiempos recientes en el manejo de casos de violencia de género y asesinatos, inequidades que promueven un sentido de impunidad que erosiona la fe de los ciudadanos en la efectividad de nuestra justicia.
La creencia de que cada cual puede actuar por la libre porque no teme consecuencias tiene que erradicarse de Puerto Rico. Ello propiciará, más que cualquier otro esfuerzo, que las comunidades se sientan que cuentan con el apoyo de los controles y castigos del Estado para vencer su situación de indefensión.
Pero la realidad es que lo ocurrido en el residencial Pedro Rosario Nieves de Fajardo el pasado fin de semana no fue un acto justiciero de una comunidad, sino un abominable episodio de venganza y menosprecio a la vida de un ser humano, y a nuestro sistema de ley y orden que, aun con sus defectos, es un pilar de nuestra democracia y sin el cual imperaría la anarquía.
¿Podemos imaginar qué país tendríamos si cada quien decidiera imponer su propia interpretación de las leyes, obrando bajo la máxima de ojo por ojo y diente por diente, y cada cual actuara en forma ilegal? Aquellos que infligen daño físico a delincuentes, ya sea porque la Policía no los capturó a tiempo o no fueron convictos en corte, o porque el castigo no los satisfizo, desestabilizan el orden social y escogen un derrotero inaceptable.
Los actos de supuesta justicia popular o de ciudadanos privados “vigilantes”, tienen que verse como lo que son: corrosivos y peligrosos incidentes criminales. Se trata de acciones violentas que se responden con más violencia, en episodios donde se vulnera el derecho universal de la presunción de inocencia, que garantiza nuestro ordenamiento jurídico.
Como pueblo tenemos que condenar con todas nuestras fuerzas humanas el asesinato de Janet Quiñones Torres y su hijo Gabriel Molina Quiñones a manos de Miguel Asencio Ayala. Pero, con la misma fuerza tenemos que condenar la muerte por linchamiento de Asencio Ayala y también el fallecimiento en una secuencia de acontecimientos encadenados en un accidente de tránsito de Edward Jadiel Caraballo Alvira y Albert Parrilla Rosario, dos adolescentes de Río Grande que nada tenían que ver con los trágicos sucesos iniciales. En ese aspecto, debemos apoyar a las autoridades en sus esfuerzos para lograr que el asesinato y el accidente se esclarezcan y que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley.
Los responsables de este vil acto tienen que tomar conciencia de que al linchar a Asencio Ayala, actuaron de forma idéntica que el presunto asesino, convirtiéndose en seres igualmente execrables. La Policía por su parte, tiene que actuar con rapidez para hallar a los actores de este linchamiento para enviar con ello un contundente mensaje de que este tipo de acción criminal de individuos que actúan al margen de la ley, no tiene cabida en nuestra sociedad.
Nuestro sistema judicial tiene también una enorme responsabilidad en aplacar las actuaciones de esos supuestos elementos “justicieros”, corrigiendo las deficiencias del sistema que han aflorado en tiempos recientes en el manejo de casos de violencia de género y asesinatos, inequidades que promueven un sentido de impunidad que erosiona la fe de los ciudadanos en la efectividad de nuestra justicia.
La creencia de que cada cual puede actuar por la libre porque no teme consecuencias tiene que erradicarse de Puerto Rico. Ello propiciará, más que cualquier otro esfuerzo, que las comunidades se sientan que cuentan con el apoyo de los controles y castigos del Estado para vencer su situación de indefensión.
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